Meta enfrenta demanda colectiva en España por violación de normativas de protección de datos

En un desarrollo legal significativo, Meta se enfrenta a una demanda colectiva iniciada por la Asociación de Medios de Información (AMI), que representa a 83 destacados medios en España. Esta demanda acusa a Meta de incumplir sistemáticamente las normativas europeas de protección de datos desde mayo de 2018 hasta julio de 2023. La acusación principal es que Meta ha eludido repetidamente las leyes que exigen consentimiento expreso para el uso de datos personales en publicidad personalizada, desafiando las directrices de las autoridades europeas.

Los medios involucrados en la demanda sostienen que las prácticas de Meta han llevado a la adquisición ilegal del total de sus ingresos por publicidad dirigida. Se alega que Meta ha recabado y utilizado datos personales de los usuarios de manera excesiva, rastreando su actividad en línea sin consentimiento, lo cual ha proporcionado a la empresa una ventaja competitiva desleal en el mercado publicitario. La representación legal de este caso está en manos del prestigioso bufete dirigido por Nicolás González-Cuéllar, experto en Derecho Procesal.

Perspectiva del presidente de AMI José Joly, presidente de la AMI, resalta la importancia de este caso, enfocándose en cómo Meta ha logrado consolidar su dominio en el mercado publicitario, ignorando las regulaciones destinadas a proteger la privacidad de los ciudadanos europeos. Además, Joly enfatiza que prácticas como las de Meta constituyen una amenaza para la existencia de los medios de comunicación, vitales para el mantenimiento de una democracia saludable.

Según Joly, basándose en datos recientes del Ministerio de Economía, los medios de información son el segundo sector más digitalizado de la economía española. Sin embargo, su capacidad para generar ingresos equitativos está siendo obstaculizada por el control ejercido por grandes plataformas digitales.

Para concluir, la AMI insta a los anunciantes, tanto públicos como privados, a apoyar medios que respeten los derechos de los ciudadanos y fomenten la calidad democrática en España, alineándose así con las políticas de responsabilidad social corporativa.